El 37,35% de todas las donaciones al PP en 2011 llegaron de Canarias
Los claroscuros de la financiación del Partido Popular (PP) en Canarias parece adquirir una transcendencia mayor a medida que avanza el ‘caso Bárcenas'. En este caso, es el colectivo tinerfeño Sí se puede el que se ha sumado a la petición de convocatoria de elecciones y la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La autodefinida "formación ecosocialista", que se ha pronunciado por medio de su portavoz, Fernando Sabaté, ha mostrado su indignación "al conocer que en el año 2011 el 37,35% de las donaciones que recibió el PP vinieran de Canarias", una comunidad autónoma que no se encuentra en una situación de bonanza económica, ya que lidera las cifras de exclusión social.
Las donaciones a las que hacen referencia provinieron de empresas privadas canarias, "muchas de las cuales han despedido a trabajadores durante los últimos años y además se han visto beneficiadas por adjudicaciones públicas", factor que la formación insular considera "sorprendente".
Sí se puede acompaña sus reivindicaciones con la celebración de un referéndum sobre el modelo del Estado vinculado a un proceso constituyente, ya que a su juicio "es urgente que se termine con esta podredumbre fruto de una transición política inacabada, que nunca tuvo en cuenta la realidad plurinacional del Estado y se apueste por un modelo republicano para poner al Estado y a sus instituciones al servicio de la ciudadanía".
Rajoy recibió la notificación por escrito de casos de corrupción en Canarias en 2006 y no hizo nada
El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió en 2006 un burofax remitido por el ex presidente del PP de Tenerife y ex diputado en las Cortes Generales, Francisco de la Barreda Pérez, donde le adjunta parte del contenido de la denuncia por presunta prevaricación remitida por el entonces Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por la adjudicación ilegal a UNELCO-ENDESA del Parque Eólico de Fuencaliente, en La Palma, en el año 1996. El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, cobra 200.000 euros anuales por asesorar a la empresa eléctrica.
En el burofax, De la Barreda le comunica a Rajoy su absolución en el caso de la denuncia por calumnias que le interpusiera el empresario Víctor Rodríguez. Todo tiene su origen en el caso vinculado con las denuncias que hiciera el ex presidente del PP tinerfeño, junto con la abogada del partido, Julia Bango, por la recalificación de la finca El Tagre, en el municipio tinerfeño de Tegueste. Como se recordará, a raíz de esas denuncias, Bango sufrió amenazas y agresiones.
Francisco de la Barreda, que en 1999 ya había denunciado que un "temporal de corrupción azota Canarias", expone lo siguiente a Mariano Rajoy: "Nadie me podrá negar ya que puedo acreditar, fehacientemente, la certeza de mis denuncias y la injusta conducta que el Partido Popular ha tenido conmigo durante estos ocho años, pues no solo no me ampararon nunca contra los ataques, de diversa índole, por mis justificadas denuncias, sino que, incluso, paradójicamente, tomaron la incomprensible e injusta decisión de cesarme como presidente insular del PP en Tenerife, por el hecho denunciar -primero ante los órganos del partido, como era mi obligación, y posteriormente públicamente, como consecuencia de los ataques que me realizaron en medios de comunicación José Miguel Bravo de Laguna, Rafael Hernando, etc.- las amenazas y agresiones a una compañera y las muy graves irregularidades cometidas por otros militantes (...)".
"Nadie podrá negar la injusta conducta que el PP ha tenido conmigo durante estos ocho años"
A continuación, De la Barreda alude al ex consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Alfredo Vigara, denuncia "corroborada por el Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tal como consta en la resolución de dicha fiscalía", fechada el 18 de febrero del año 2000. La citada denuncia del Fiscal Anticorrupción "se perdió" al llegar a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pues nunca más se ha sabido nada de ella.
En la denuncia, el entonces Fiscal Anticorrupción aprecia "la presunta comisión de un delito de prevaricación en la actuación del que fue Director General de Industria y Energía, Alfredo Vigara, quien a favor de la sociedad Unión Eléctrica de Canarias (UNELCO) y sin la convocatoria del preceptivo concurso público, autorizó en resolución de 8 de noviembre de 1996 la instalación eléctrica y declaración de utilidad de un parque eólico de 1.500 Kw. en el Faro de Fuencaliente".
De la Barreda denuncia la corrupción en el PP
En otro pasaje del burofax remitido por De la Barreda, que comienza con un "Estimado Mariano", el ex presidente del PP tinerfeño añade: "ante los casos de corrupción -muy similares a los que yo denuncié de energías eólicas, urbanísticos, cohecho, etc.- que están en la mente de todos y que implican y salpican en Canarias, jurídica y políticamente a varios cargos públicos del partido, no está actuando a la altura de las circunstancias que la regeneración democrática y la decencia y honradez política se requiere, desde hace bastante tiempo, en estas islas".
Por todo ello, añade De la Barreda, "espero que sepas que fue, en su día, muy ilusionante para mí incorporarme al PP con el ánimo de poner mi grano de arena en tratar de renovar el aire de aquella atmósfera, contaminada por numerosos casos de corrupción, pero también espero que comprendas lo difícil que me resulta este momento, en el que me veo en la obligación -por todo lo anteriormente expuesto- de comunicarte mi baja como militante del partido, que abandono con el pesar y el convencimiento de que si desde el partido hubieran amparado mis denuncias no estarían hoy procesados tantos cargos orgánicos del mismo y de instituciones municipales y autonómicas".
